Propuesta que busca garantizar el derecho a la educación es aprobada en la Comisión de Derechos Fundamentales

Durante la jornada de este viernes la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó en general la Iniciativa Popular de Norma (IPN) “Por una educación de calidad, equitativa, integral, inclusiva y gratuita”. Esta propuesta, que reunió más de 18 mil firmas durante la primera parte del proceso participativo, fue presentada por 19 organizaciones congregadas en Acción Colectiva por la Educación, conglomerado de instituciones de la sociedad civil comprometidas por una educación de calidad, equitativa e inclusiva.

“Como Acción Colectiva por la Educación estamos contentos y agradecidos por la aprobación que se da en la Comisión de Derechos Fundamentales a la Iniciativa Popular de Norma que presentamos. Esta es una iniciativa que fue construida de forma participativa escuchando a casi 8 mil miembros de comunidades educativas de todo Chile, incluyendo las voces de niños, niñas y adolescentes”, celebra Joaquín Walker, representante de Acción Colectiva por la Educación y Director Ejecutivo de Elige Educar. “Creemos que es una propuesta que aborda integralmente el derecho a la educación para lograr que esté asegurado de forma efectiva”, agrega. 

Por su parte, Alejandra Arratia, Directora Ejecutiva de Educación 2020 –organización miembro de Acción Colectiva–, explica el foco fundamental de esta iniciativa:

“Creemos que, independiente de lo que ocurra en particular con nuestra propuesta, nos llena de esperanza y valoramos de sobremanera que como país estemos avanzando en principios que son fundamentales para la construcción de una nueva educación, donde se resguarde, efectivamente, el derecho a la educación y el Estado tenga un rol garante, que se valore de forma estratégica el rol de la educación pública, y que se supere, de una vez por todas, la noción de libertad de enseñanza entendida sólo como la posibilidad de abrir colegios y avanzar hacia una concepción más bien relacionada con la diversidad de proyectos educativos, que favorezca la innovación, y por cierto, al servicio del derecho a la educación”.

La iniciativa propone siete puntos para incluir en la nueva Carta Magna

La IPN propone que el Estado debe garantizar a todas las personas el derecho a una educación integral de calidad, equitativa, inclusiva, no discriminatoria, con perspectiva de género, con pertinencia territorial, cultural y lingüística, entre otros puntos. Asimismo, la iniciativa reconoce el rol docente en la nueva Constitución, velando por la formación –inicial y continua– y por condiciones laborales adecuadas para profesores, profesoras, educadores y educadoras.

“El temor de que la libertad de enseñanza estaría quedando fuera y que ha sido rechazada debiera despejarse, porque si bien se rechazaron cerca de 40 iniciativas –entre ellas las específicas de libertad de enseñanza– no se ha rechazado su contenido sino que esas propuestas en específico. La libertad de enseñanza está contemplada en nuestra iniciativa y otras aprobadas en general”, explica Walker. 

Tras esta aprobación en general, la IPN será discutida en particular dentro de los próximos días en la misma Comisión de Derechos Fundamentales. Ahí recibirá indicaciones que podrán agregar, reemplazar o eliminar artículos o incisos de la propuesta. Estos serán votados en particular para luego ser integrados al informe que pasará al pleno de la Convención Constitucional, donde serán nuevamente discutidos.

Si logran convocar los apoyos de ⅔ del total de constituyentes, serán incluidos en el borrador de la nueva Carta Magna. Sin embargo, de no contar con ello, volverán a la comisión donde serán revisados nuevamente.